Nos dicen que salimos de la crisis, que empezamos la recuperación, que las reformas laborales son la panacea y que andamos por el buen camino. ¿Pero esto es así? Comencemos por ver cómo está distribuida la riqueza. Según el Banco de España, el 52,8% de la riqueza del Estado español lo acumula solo un 10% de la población. Y el 25% más pobre carga con más deuda que activos. Si nos fijamos en el 1% más rico, el porcentaje aumenta, ya que este acumula un 20% de la riqueza.
Por Adrían Ruiz, de Madrid
Esta realidad refleja una gran diferencia entre las clases populares y ese 10% que tiene más de la mitad de la riqueza del país, pero la desigualdad puede ser incluso más escandalosa si observamos el dato de que uno de cada 4 españoles está endeudado, mientras el 1% más rico acumula una quinta parte de la riqueza del país.
Según los datos de Foessa (Caritas), la renta disponible en el país entre 2009 y 2015 ha bajado un 10,6%, pasando de 17.042 euros a 15.408 euros[1] y como ya sabemos un pequeño porcentaje tiene la mayoría de esta renta. Ya nos podemos imaginar hacia donde nos lleva esto.
La renta disponible en el país entre 2009 y 2015 ha bajado un 10,6%, pasando de 17.042 euros a 15.408 euros
Aumenta el riesgo de exclusión social
Nos enfrentamos a un mayor riesgo de exclusión. Según datos del INE, la tasa de riesgo de pobreza frente al año 2008 aumentó en un 2,3% hasta inicios de 2015. Según el indicador europeo Arope, en 2015 más de 10 millones de personas se encontraban en esta situación.
Si nos vamos a los datos laborales nos depararemos con que la situación de los parados de larga duración se ha convertido en un problema crónico.
El total de parados de muy larga duración ha aumentado de 9,5% a un 43,9%, es decir un 34,5%. El número de hogares con todos sus miembros en paro llegó al 8,7%, aumentando en un 2,6%, según la EPA (datos informe Foessa). El paro se convierte en un problema estructural y conlleva situaciones de auténtica miseria, con pueblos como Sanlucar de Barrameda con un 38,27% de paro.
Esto no sería un problema de gran calado si hubiera un sistema fuerte de protección al empleo, pero la tasa de cobertura de los parados ha disminuido del 75,4% al 54,2% desde 2008, reduciéndose en un 21,2% por ciento según el informe de CCOO en 2016. En septiembre de 2016, 1,82 millones de personas no recibían ninguna cobertura. Ahí tenemos a un 1% de la población con 20% de la riqueza y 1.820.000 personas totalmente desamparadas.
Según el Banco de España, el 52,8% de la riqueza del Estado español lo acumula solo un 10% de la población
Tener un trabajo ya no asegura vivir dignamente
Los/as trabajadores/as no escapamos a la miseria. De 2008 a 2015 el número de trabajadores en riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado español aumentó del 13,4% al 18,1%, un 4,7%, según el indicador AROPE y uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión (INE). Es curioso que cada día aumente más la miseria incluso entre aquellas personas asalariadas.
Pero no es solo lo que se cobra hoy, el problema también está en las condiciones de contratación.
En octubre de 2016, el 91,1% fueron contratos temporales y cada día tiene más peso contratos con un año a prueba, como el contrato de apoyo a emprendedores. Este contrato se dispara año tras año y significa el despido libre durante un año. Durante los 6 primeros meses de 2016 se firmaron 82.869 despidos, casi un 10% de los indefinidos firmados.
Todo esto sin contar con los altos impuestos directos sobre diferentes bienes básicos que genera una carestía creciente, como la electricidad, pañales, tampones y un largo etc. Mientras tanto, las grandes empresas evaden impuestos a través de las Sicav (Sociedades de Inversión de Renta Variable) y los corruptos siguen impunes.
Un estudio publicado recientemente por la revista The Lancet, citado por El País[2], afirma lo siguiente:
«El bajo nivel socioeconómico es uno de los indicadores más fuertes de la morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. Sin embargo, las estrategias de salud global no consideran las circunstancias socioeconómicas pobres como factores de riesgo modificables”.
El FMI propone más medidas de austeridad
Los datos citados anteriormente nos muestran que la recuperación anunciada por el PP, y también defendida por el PSOE, no pasa de un mito creado para legitimar el actual gobierno. La dura realidad es muy distinta. Las reformas aplicadas en el Estado español han acentuado la pobreza y han creado un nuevo padrón de explotación a los/as trabajadores/as.
No contentos con las medidas ya tomadas, el FMI acaba de hacer público un informe en el cual “recomienda” al Gobierno español aumentar el IVA, medida que afecta mayoritariamente a las familias con menos ingresos; precarizar aún más la relaciones laborales, para “estimular la contratación”, y realizar nuevos recortes en salud y educación, para cumplir los objetivos de déficit. La receta del FMI significa un aumento en las desigualdades y en la precarización del empleo. No queda otra que rechazarlas y salir a las calles para derrotarlas.
Los sectores básicos de la economía deben ser nacionalizados, especialmente las empresas privatizadas en los últimos años, para paliar los altos precios, como el de la luz, que aumenta la situación de carestía de la vida
Un plan de emergencia para combatir la pobreza
Ante todo esto, planteamos el reparto del trabajo y de la riqueza. No puede ser que unos pocos acumulen rentas y fortunas inmensas y se hagan cada más ricos, incluso en momentos de “crisis”, mientras la gran mayoría se quede en la pobreza, en el paro o se vea obligado a realizar jornadas inconmensurables con sueldos de miseria.
Es necesario reducir la jornada laboral, para crear puestos de trabajo, y aumentar el gasto público como parte de un plan de emergencia contra la crisis. Asimismo, planteamos el aumento del salario mínimo a 1.200 euros, un plan de obras públicas y la expropiación de las empresas corruptas, que se benefician de una relación privilegiada con los políticos.
Los sectores básicos de la economía deben ser nacionalizados, especialmente las empresas privatizadas en los últimos años, para paliar los altos precios, como el de la luz, que aumenta la situación de carestía de la vida. Es necesario anular las reformas laborales del PP y el PSOE, que se han convertido en una auténtica losa para los trabajadores, abaratando el despido y generalizando la precariedad.
No podemos seguir pagando la deuda pública que se ha convertido en un mecanismo de transferencia de recursos públicos, que podrían ser invertidos para reducir la pobreza, a los bancos y otras instituciones financieras. Todas estas medidas solo se pueden llevar a cabo si rompemos con la UE y el euro.
La Renta Familiar Disponible per cápita (RFD o RFDpc) es la cantidad de renta de que disponen las familias residentes para el consumo y el ahorro, una vez detraídas las amortizaciones o consumo de capital fijo en las explotaciones económicas familiares y los impuestos directos y cuotas satisfechas a la Seguridad Social.
[2] http://elpais.com/elpais/2017/01/31/ciencia/1485861765_197759.html