Reproducimos el artículo publicado por el periódico Diagonal a raíz de la detención del dueño de la empresa Agrícolas Espino y la nota de prensa de la Guardia Civil al respecto
La empresa dejó de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Han tenido que devolver prestaciones cobradas. Y ahora se enfrentan a una investigación por supuestos delitos que podrían conllevar penas de hasta tres años de prisión. Así es la historia de cientos de jornaleros en Carmona (Sevilla).
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“Están mezclando a los verdugos con las víctimas”, señala David Pérez Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados del PER –formada por los trabajadores afectados– y miembro del sindicato Co.bas, que forma parte de esta plataforma. Ayer la Guardia Civil detuvo a Jesús E.H., administrador de la finca Agrícola Espino, dedicada a la explotación del melocotón y la nectarina, ubicada en Carmona (Sevilla). Le acusan de haber defraudado más de 600.000 euros a la Seguridad Social. Sin embargo, la nota de prensa difundida por la Guardia Civil ataca también a 586 trabajadoras de esta explotación agrícola, a las que acusa de estar en “connivencia” con el empresario y al que, según la Benemérita, habrían pagado entre 15 y 20 euros por peonada por tener acceso a prestaciones como la del SEP. La nota del cuerpo destaca que en un 90% eran “amas de casa”.
“No tenemos constancia de dónde lo han sacado, no han hablado con los jornaleros”, afirma Pérez sobre el supuesto pago por las peonadas por parte de los trabajadores. «Hay un intento de vincularnos con la empresa. No hemos pagado por cobrar prestaciones, quien no ha pagado a la Seguridad Social es la empresa”, continúa Pérez, quien añade que el planteamiento de que la mayoría de jornaleras afectadas son amas de casa “es para echarse a llorar. Sí son amas de casa, pero también trabajan fuera, no es contradictorio. No se han tomado la molestia ni de mirar la vida laboral de estas jornaleras, que llevan trabajando en el campo desde los 16 años”.
El caso de estos cientos de jornaleras y jornaleros se remonta al año 2010, cuando esta empresa y otra denominada Baena Franco dejaron de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de unas 2.000 personas que trabajaban en sus tierras. “El SEPE decidió responsabilizar a los trabajadores bajo el argumento de que había connivencia con el empresario”, explica Pérez, que señala que se los jornaleros se enteraron de la deuda con la Seguridad Social cuando, a principios de 2015, el SEPE congeló sus prestaciones.
“Nosotros hemos ido a trabajar como cualquier trabajador del campo, pero la Administración lo que hizo fue declarar la empresa como parcialmente ficticia a partir de un informe de Asaja, del que sacaron una parte descontextualizada que citaba que el trabajo del melocotón se realizaba entre mayo y junio, como si en el resto de tiempo no hubiera trabajo, y el trabajo del melocotón se realiza durante todo el año”, explica Pérez.
Las jornaleras y jornaleros, de los que muchos habían trabajado en la empresa durante un año, se encontraron con la obligación de devolver importes de prestaciones de hasta 2.500 euros, otros incluso más. “Sin derecho a defendernos, sin abrirnos audiencia y sin pruebas, decidieron castigarnos y nos hicieron devolver las prestaciones cobradas”, continúa Pérez, que apunta que este caso ha hecho mucho daño en unos sectores sociales más empobrecidos. Todos los ayuntamientos de la comarca y la Diputación de Sevilla se posicionaron de parte de los trabajadores, aprobando mociones con las que pedían que se les devolvieran las prestaciones.
Los jornaleros de Agrícola Espino, organizados en la Plataforma de Afectados del PER, presentaron más de 200 denuncias contra el SEPE ante la congelación de sus ayudas. Pérez explica que, en la mayoría de las sentencias, los juzgados de lo Social evitaron cuestionar la certeza del acta de inspección por las que se congelaron las prestaciones. “Les dieron un plus de veracidad a la Administración”, apunta. Sin embargo, en el caso de cerca de 40 denuncias, los juzgados de lo Social señalaron que el acta de inspección estaba mal realizada. “Lo cierto es que no aparece en el acta de infracción, más allá de suposiciones, conjeturas y datos genéricos (…), las conclusiones alcanzadas por Inspección de Trabajo no tiene su base en datos ciertos e inequívocos de los que pueda deducirse la existencia de una actuación fraudulenta encaminada a la obtención de unas prestaciones en la Seguridad Social”, explica la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla en mayo de 2015.
A día de hoy, todos los procesos están en recurso, en espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre si el bloqueo de las prestaciones de estos jornaleros fue o no legal.
Mientras, la Guardia Civil ha continuado investigando al empresario, pero también a los trabajadores. “Nos enteramos de que el administrador de la finca había puesto la tierra a nombre de su hijo y se declaraba insolvente, así que la administración ha decidido ir a por los trabajadores”, apunta Pérez. La nota de prensa difundida por la Guardia Civil señala que, desde julio de 2016, comenzó la investigación sobre los jornaleros.
Ahora, además de la devolución de las prestaciones, más de 500 jornaleras y jornaleros se enfrentan a un proceso penal que podría suponerles penas de entre 3 meses y tres años de cárcel, además de la prohibición de recibir prestaciones durante entre cinco y ocho años y al pago de hasta seis veces la cantidad supuestamente defraudada. Los cargos derivan de la reforma del Código Penal impulsada en 2013 por Alberto Ruiz Gallardón, durante su etapa como ministro de Justicia, con la que se convertía en delito penado con cárcel el fraude a la Seguridad Social, antes considerado como infracción administrativa-