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«Soy un joven trabajador de origen marroquí, uno de los que hoy se vuelve a exponer al contagio»

Soy un joven trabajador de origen marroquí de una fábrica aeronáutica situada en Madrid. La empresa para la que trabajo no está en la lista de sectores esenciales,  por lo que soy uno de los que hoy se vuelve a exponer al contagio del COVID 19, ya que este Gobierno no ve necesidad en que alarguemos nuestra protección y de los míos. Las piezas de avión y los beneficios de mis jefes son más importantes que nuestras vidas y nuestra salud.

Esto es solo uno de los miles de ejemplos de cómo la vida de las y los trabajadores cobran mayor o menor importancia, y ni que decir, si además somos migrantes de primera o segunda generación, según lo necesarios que seamos para la economía capitalista. 

Si la máquina tiene que seguir produciendo o el campo siendo trabajado, nuestros derechos como trabajadores/as y como migrantes que tantos años nos ha costado defender o conquistar serán arrebatados o concedidos, con tal de que nuestra fuerza sirva para sus beneficios empresariales que ya están peligrando. 

La mitad de la flota mundial de aviones aproximadamente está aterrizada de manera forzosa ante el cierre de fronteras y en ese contexto, las acciones de la empresa Airbus, uno de los principales clientes de la fábrica, se han desplomado un 19% en tan sólo una semana de esta crisis. 

Que instrumentalizan con nuestros derechos es evidente y un ejemplo de esta  sinvergonzonería clara es el del trabajo en el campo. 

Ante la demanda de los empresarios del campo de entre 75.000 y 80.000 de las y los temporeros que se encuentran sin cubrir por el cierre a cal y canto de las fronteras por el gobierno marroquí, rumana y búlgara, principales fuente de mano de obra jornalera en este país, el  Gobierno del PSOE-UP ha aprobado un decreto que legisla permisos especiales de trabajo para trabajadores/as en situación administrativa irregular que no excede el próximo 30 de junio, cuando ya hayan recogido todo, y podrán volver a ser deportados o encarcelados en un CIE. 

Estos trabajadores/as son parte de los servicios esenciales que aseguran algo tan importante como la alimentación y con la complicidad de éste y los gobiernos anteriores, llevan años sufriendo abusos, sobreexplotación y hasta agresiones sexuales, por no hablar de las condiciones en las que la mayoría de ellos y ellas viven.

Exigimos que nuestros derechos no se rijan por su economía y decretos como los del campo que el supuesto “escudo social” es un escudo legal y económico para salvar a las empresas. Por ello exigimos al Gobierno: 

¡Derogación ya de la Ley de Extranjería!

¡Regularización para todas y todos ya!

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