Esta pandemia puso sobre la mesa la vulnerabilidad, precariedad y machismo con que se llevan a cabo los trabajos de cuidados en esta sociedad. Tanto los que se realizan de forma gratuita y privada en el ámbito privado del hogar, como aquellos que se proveen, por medio de un empleo remunerado.

Además del que llevan a cabo las empleadas de hogar, absolutamente feminizado y precarizado al máximo y en el que no vamos a entrar ahora aquí, dos de los sectores sobre los que se ha hablado mucho en esta pandemia, son el Servicio de Ayuda a Domicilio y el sector de las Residencias. Y aunque suelen decir que las crisis son «oportunidades de cambio», desgraciadamente, vemos que en este caso no es así.
No hay otra solución: ¡Fuera privatización!
En la primera ola, muchas auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), denunciaron que, pese a los protocolos enviados por las Administraciones, que tienen la responsabilidad pública del servicio, aunque su gestión esté privatizada, no recibieron por parte de las empresas, ningún equipamiento de protección personal ante el virus. Y aunque en el mejor de los casos ahora se les proporcionan mascarillas o guantes, muchas siguen acudiendo a los domicilios con el mismo uniforme.

Al igual que ocurre en otros sectores muy feminizados en primera línea contra la Covid-19, a las auxiliares de ayuda a domicilio tampoco se les reconoce la enfermedad laboral en caso de contagio por Covid-19 en los hogares de usuarios/as, pese al alto índice de contagios que presentan. Y aunque en muchas CCAA, ya se están vacunando en estos días, tampoco han sido personal prioritario para la vacunación.

Hoy, tanto el gobierno central como los autonómicos o gobiernos locales, siguen sin atender su petición de que vuelva a manos públicas este servicio esencial, como muchas de ellas, organizadas en distintas plataformas, vienen reclamando desde hace años en varios lugares del Estado, ya que, salvo honrosas excepciones, este servicio sigue en la mayoría de los casos privatizado.

Un ejemplo de las multinacionales que «obtienen sus beneficios a través de la precarización laboral y la explotación de estas mujeres, muchas en situación de vulnerabilidad y con edades cercanas a la jubilación, es Clece. Empresa multiservicios que opera en el país desde 1992 y en los últimos años en Reino Unido y Portugal, filial del Grupo Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS) cuyo presidente ejecutivo es Florentino Pérez y que vende servicios de cuidados, mantenimiento, limpieza, restauración, jardinería, logística interna y seguridad».

Este 8M, las trabajadoras volvemos a movilizarnos ¡por un Servicio de ayuda a domicilio 100% público y de calidad!
¡Y fuera manos privadas de las Residencias!
Lo mismo podemos decir del sector de las Residencias, donde el gobierno central sigue mirando para otro lado y tampoco los gobiernos autonómicos están dispuestos a hacer la inversión necesaria para volver éstas a manos públicas. Aunque como ha demostrado esta pandemia, acabar con su privatización es la única forma de que dejen de ser aparcamientos de ancianos y de dignificar la situación laboral de una mano de obra muy feminizada, que lleva años desempeñando su labor en condiciones de una terrible precariedad e inestabilidad laboral.

Después de la tragedia de fallecimientos vivida en los peores momentos de la pandemia, evitable si las Residencias hubiesen contado con los recursos humanos y técnicos, hay que decir que el precio para evitar un número aún más insoportable de muertes tampoco ha sido bajo. Las Residencias se han convertido en un bunker donde las personas residentes se han visto privadas durante meses, del contacto y las relaciones sociales con sus seres queridos. Con la vacuna, poco a poco, se van sumando a esa nueva normalidad, que no es, sin embargo, sino la de siempre: la de una gestión a golpe de precariedad.

Más allá de la batalla judicial para depurar responsabilidades por esas muertes que un año después continúa, la realidad es que TODAS las administraciones autonómicas, de TODOS los partidos políticos, han preferido ceder en estos años, la gestión de este servicio a terceros.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ve «vergonzoso e indecente» que alguien pueda hacer negocio con los mayores. Hace diez meses que Unidas Podemos anunció «su gran propuesta» en la Comisión para los pactos de reconstrucción: un plan específico que iba a suponer «una transformación radical del actual modelo». Pero de momento poco o nada sabemos de ese plan y poco o nada ha cambiado. Y si es que no se puede hacer nada, la pregunta entonces es, para qué están en el Gobierno.

A un año de la pandemia, nuestros gobernantes no sólo no tienen la menor intención de expropiar las Residencias privadas, sino que ni siquiera se está hablando de gestionar las plazas que, SÍ son públicas, sin recurrir a las subcontratas. Para colmo, varias de las empresas que gestionan estas residencias como la ya mencionada Clece, han solicitado el resarcimiento económico de la mayoría de los contratos de concesión que mantienen con diversas administraciones públicas, porque exponen haber tenido gastos “imprevistos”, por valor de 7,2 millones de euros y menos beneficios de los esperados, al haber perdido usuarias/os.

Esta falta de voluntad política, la tienen clara los inversores y propietarios de las Residencias privadas, que acusan a Unidas Podemos de discursos populistas y demagogos que no se ajustan a la realidad, porque volver a manos públicas este servicio- dicen-, «sería mucho más caro a la Administración». Pero en ese cálculo interesado, olvidan decir que familias y residentes se endeudan para recibir un servicio cada vez más precario con el que ellos se embolsan beneficios multimillonarios. Es prácticamente imposible encontrar una plaza en un geriátrico por menos de 1.500 euros mensuales y eso con largas listas de espera y subvención pública.

Para impedir que el drama y los asesinatos vividos, se reproduzcan ante un nuevo rebrote de la Covid-19 o cualquier otra pandemia futura. Por la dignidad de las personas mayores que no merecen ser tratados como trastos viejos. Por el personal de las residencias que se desvive sin medios, a costa de su salud y el riesgo de su vida. Porque no aceptamos este sistema capitalista que hace de todo una mercancía y un negocio para el interés de unos pocos.
Este 8M, volvemos a exigir tanto a los distintos gobiernos autonómicos como al gobierno PSOE-UP, que todas las Residencias de Mayores pasen a ser públicas y de gestión pública, dotadas de personal y de medios.