Desde la Coordinadora estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, formada por organizaciones civiles, sindicales y del sector público, de todo el Estado, nos organizamos por nuestros derechos laborales pisoteados y contra los falsos procesos de estabilización que los distintos gobiernos han puesto o pondrán en marcha en los próximos meses, al amparo de las leyes de presupuestos y con el aval cómplice de CCOO, UGT Y CSIF. Unos procesos en los que saldrán todas las plazas actualmente YA ocupadas por quienes llevamos años cubriendo puestos estructurales y necesidades permanentes dentro de la Administración.
Desde esta Coordinadora estatal denunciamos que las ofertas de empleo público en marcha, no estabilizan a nadie ni van a acabar con la temporalidad.
La actual situación de los Empleados Públicos en la Administración española es la siguiente:
Los Sindicatos CC.OO, UGT y CSIF han vendido a los trabajadores temporales de las Administraciones Públicas españolas al pactar con el Gobierno (firmando el “Acuerdazo” con Montoro) reducir hasta el 8% la temporalidad en la Administración mediante Ofertas de Empleo Público (OPEs) “masivas”, donde se convocan todas las plazas que YA ESTÁN OCUPADAS desde hace años por empleados públicos temporales en fraude de ley. De esta manera siguen con el negocio que suponen las OPEs para estos Sindicatos, haciendo caja con sus academias preparatorias de oposiciones y, al mismo tiempo, ofreciéndonos sus abogados, “a precios para afiliados”, para recurrir judicialmente la situación fraudulenta de la que ellos mismos son cómplices.
Para las Administraciones públicas españolas la convocatoria de OPEs y procesos selectivos de acceso libre son una forma de “tapar” los abusos y fraudes cometidos en la contratación temporal sucesiva de sus funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración.
Estos procesos, “mal llamados procesos de estabilización” (porque no estabilizan a las personas sino las plazas) facilitarán el cese y despido masivo y SIN INDEMNIZACIÓN de más de 700.000 empleados públicos, con una media de 45 años y en su mayoría mujeres, que engrosaremos las listas del paro después de décadas trabajando y aportando nuestra experiencia a la calidad de los servicios públicos.
Se trata de un despido masivo ilegal que nos venden como creación de empleo y fin de la temporalidad.
Estos abusos de las Administraciones Públicas en la contratación temporal se deben al incumplimiento del art. 70.1. de TREBEP durante años, que establece que “la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.
Además del incumplimiento de los plazos, las Administraciones no han sacado a oposición el 100% de la tasa de reposición, ofertando durante décadas menos plazas vacantes de las existentes y amortizando plazas, incrementando así la oferta de plazas temporales que ha dado lugar a la elevadísima tasa actual de contratación temporal de larga duración.
Esta perpetuación de la figura del trabajador temporal en la Administración Pública española incumple las “razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia” a las que deben responder los contratos temporales y da lugar a la cobertura de plazas estructurales por personal temporal, del que la Administración puede prescindir fácilmente y sin indemnización.
Los funcionarios interinos, personal estatutario temporal y trabajadores temporales de larga duración, hemos accedido a nuestras plazas mediante procedimientos que respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y desempeñamos las mismas funciones que los funcionarios de carrera (art. 10.2 y 10.1. del TREBEP, respectivamente). Sin embargo, recibimos un trato discriminatorio con respecto a ellos incumpliendo la Directiva europea 1999/70/CE.
El actual Gobierno incluye en su “Plan Director por el Trabajo Digno”,medidas específicas en materia de lucha contra la contratación temporal fraudulenta en el sector público y su mecanismo de vigilancia, que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no tiene competencia en los casos de fraude en temporal estatutario o interino o eventual, ya que solo tiene competencias en materia de personal laboral. Así que nuestro fraude queda en el limbo.
Por todo ello,
Desde la Coordinadora estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, hacemos un llamamiento a nuestros compañeros y compañeras, a todos los sindicatos de la función pública, a las distintas “mareas” defensoras de lo público y a toda la ciudadanía, a venir con nosotr@s a la movilización estatal descentralizada que llevaremos a cabo
Exigimos:
- Paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, sin perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas ordinarias para cubrir bajas de efectivos.
- Suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal
- Estabilización mediante regularización administrativa, de todo el personal público en fraude y abuso de temporalidad
- Igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la Administración
- Reversión de las privatizaciones.
- Recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias