28-S: La penalización del aborto violenta a las mujeres

70.000 es el número aproximado de mujeres que mueren cada año por abortos clandestinos en todo el mundo, según un informe de 2014 del Guttmacher Institute. 8 millones sufren complicaciones al practicarse un aborto, pero solo 5 reciben tratamiento.

Por Área de Mujer de Corriente Roja

Prohibir o restringir el aborto no reduce su incidencia. Sólo hace que sea más peligroso o que se aborte cuando este se encuentra más avanzado. En Europa Occidental, donde el aborto goza de cobertura legal en la mayoría de los países, las tasas son significativamente más bajas (12 abortos por 100.000 mujeres) que en América Latina y Caribe (32 abortos por 100.000 mujeres) y África (29 abortos por 100.000 mujeres), donde predominan regulaciones restrictivas.

El próximo 28 de septiembre volveremos a salir a la calle para reclamar aborto legal, seguro y gratuito en todo el mundo. En Europa, el Parlamento polaco, dominado por el ultraconservador y nacionalista Partido Ley y Justicia, ha admitido a trámite una iniciativa popular que pide la prohibición del aborto en las 12 primeras semanas, salvo que la vida de la madre corra un riesgo grave y propone penas de cárcel para la mujer que recurra a esa práctica de hasta cinco años.

En América Latina y el Caribe, donde surgió la idea de celebrar esta fecha a raíz del Encuentro Feminista de 1990, nueve países prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Por eso, allí esta reivindicación toma la forma de lucha por el desprocesamiento y la libertad de mujeres condenadas y presas por llegar al hospital público con abortos incompletos, como fue el caso de Belén, una joven argentina condenada a ocho años de prisión, que fue liberada gracias a los masivos actos en su apoyo que hubo en todo el país, aunque sigue adelante su juicio.

Este año son especialmente importantes las movilizaciones en El Salvador, donde hay una propuesta en el Parlamento para aumentar de 30 a 50 años las penas de cárcel a la mujer que aborte y al personal médico que la atienda, equiparándolas al homicidio agravado.

Todo esto mientras los expertos alertan de que el miedo y la alarma creada por los casos de microcefalia perinatal, que en Brasil ascienden ya a 3600 casos detectados, induce a recurrir a abortos clandestinos de mujeres embarazadas infectadas por el virus zikka ya que la infección no entra dentro de las causas por las que se puede interrumpir legalmente el embarazo.

La doble moral o hipocresía de los gobiernos, lacayos del imperialismo

Denunciamos a los gobiernos imperialistas en todo el mundo que prohíben o restringen el aborto mientras recortan el presupuesto en educación y salud, negando el derecho de las mujeres a una educación sexual y el acceso a anticonceptivos fiables y gratuitos. Que recortan los presupuestos contra la violencia machista, pese al evidente aumento de los casos de violencia sexual que deja consigo embarazos no deseados.

Que dicen proteger la vida de los “no nacidos”, pero dejan morir o enfermar gravemente a miles de mujeres sin recursos en abortos clandestinos. Que aplican reformas y planes de ajuste que nos condenan al paro o la precariedad, impidiendo a millones de mujeres una maternidad digna y aumentando el riesgo de vivir en un entorno de violencia familiar y pobreza, a los menores nacidos por una maternidad impuesta. Que protegen el negocio de las clínicas privadas donde las ricas pagan y abortan, mientras las mujeres pobres no pueden decidir. Esto incluye a los gobiernos afines al “castrochavismo” que se dicen “progresistas” o incluso “socialistas”, pero que establecen en el Código Civil el reconocimiento de la vida desde la concepción, como pide el Vaticano.

Estado Español: ¡La lucha sigue!

La derrota en las calles de la reaccionaria ley del aborto de Gallardón, del gobierno del PP, que pretendía restringir el aborto únicamente a dos supuestos: violación (hasta la semana 12) y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer (hasta la semana 22) , fue una victoria importante. Pero eso no significa que debamos bajar la guardia ni que a día de hoy nuestros derechos sexuales y reproductivos estén garantizados. El aborto está dentro de una estrategia global que va desde la prevención y la atención socio-sanitaria a la intervención quirúrgica, cuando las circunstancias lo requieran y la mujer libremente lo decida.

Hay que conseguir que se derogue la reforma parcial de la ley, en vigor desde el 23 de septiembre del 2015, que impide abortar a las menores de 16-17 años sin consentimiento paterno/materno. Una reforma que sólo afecta al 13% de estas, pero que las pone en grave riesgo social, ya que si no informan es porque viven en familias conflictivas o problemáticas o porque carecen de tutor legal.

La educación afectivo-sexual que contempla la actual ley del aborto, sigue siendo una asignatura pendiente. Uno de los motivos es el enorme peso que aún tiene la Iglesia católica, para la cual la mujer ha de conformarse con los hijos que vengan puesto que son fruto de la “providencia divina” y la sexualidad está al servicio de la procreación. Los continuos recortes en educación, así como la aprobación de la LOMCE, una ley educativa sexista que subvenciona las escuelas que segregan por sexo e impone la religión como asignatura puntuable, son un obstáculo para conseguir implantar la educación afectivo-sexual en el currículo educativo.

También los recortes y la privatización de la sanidad dificultan el acceso a anticonceptivos fiables y gratuitos para todas las mujeres, así como a servicios de planificación familiar, que son la única garantía para evitar embarazos no deseados, existiendo además muchas diferencias entre CCAA.

Y aunque el aborto es libre hasta las 14 semanas, sigue sin estar garantizado en la sanidad pública ya que el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) no se realizan en hospitales públicos sino que se derivan a las clínicas privadas concertadas, por lo que depende de donde vivamos, los procedimientos burocráticos y los papeleos son interminables y se corre el riesgo de exceder los plazos legales.

El aborto sigue dentro del Código Penal y las mujeres somos tratadas como seres inmaduros que necesitamos asesoramiento e información a la que la ley nos obliga y que en muchas Comunidades Autónomas está en manos de asociaciones detrás de las cuales está nuevamente la Iglesia.

No es posible por tanto lograr el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra maternidad, si no enfrentamos los recortes sociales y en políticas de igualdad que venimos sufriendo. Eso significa que no podemos confiar en el próximo gobierno, sea cual sea, porque cualquiera que salga de la actual aritmética parlamentaria, viene a implementar un nuevo paquete de recortes para ajustarse al déficit que impone la UE y a cumplir con el pago de la deuda. Retomar la lucha y la movilización es la única salida para conseguir nuestros derechos y libertades.

La lucha por aborto legal, seguro y gratuito es una tarea de la clase trabajadora

Recortes en salud y educación, aumento de la violencia sexual, hipocresía de los gobiernos, prejuicios religiosos, amenaza del virus zikka, riesgo de muerte o esterilidad por abortos clandestinos… son todos problemas que recaen sobre las mujeres trabajadoras, especialmente las más vulnerables como son menores, inmigrantes sin papeles o mujeres pobres, a las que el Estado debería proteger especialmente para garantizar sus derechos a una vida sexual y una maternidad responsable y libremente decidida.

Pero los capitalistas y los gobiernos a su servicio, que solo podremos derrotar si conseguimos unificar a la clase trabajadora, utilizan el control sobre la sexualidad de las mujeres para subyugarlas, sobreexplotarlas y oprimirlas. Es por eso que la lucha por aborto libre es una tarea del conjunto de la clase trabajadora y no sólo de las mujeres. Desde Corriente Roja, llamamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y populares de clase, a salir a la calle el próximo 28 de septiembre una vez más para exigir: