Como cada año, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional Contra la Violencia Machista, y las cifras de asesinatos no solo nos sirven para recordar y llorar a las víctimas, sino para tener conciencia de la situación real de la violencia en el Estado español y reflexionar sobre qué medidas se han tomado para evitarla.
Por: Corriente Roja
El beso no consentido de Rubiales a Jennifer Hermoso, el Caso Almendralejo, las horripilantes violaciones múltiples en el Centro Comercial Magic de Badalona… Todos estos casos, los más mediáticos, son expresión de la violencia que sufrimos niñas, jóvenes y mujeres en todas las etapas y en todos los ámbitos de nuestra vida.
Las cifras de este año son trágicas. 52 mujeres asesinadas por violencia de género, respecto a las 35 del año pasado (según datos oficiales del Ministerio de Igualdad), a lo que tenemos que sumar dos menores asesinados por violencia vicaria. De estas 52, a penas 13 habían presentado denuncia previamente y 31 de los asesinos eran pareja actual de la víctima. Además, 29 mujeres han sufrido un intento de feminicidio (no consumado), sin contar los que no fueron perpetrados por la pareja o ex pareja de la víctima (más lentos en hacerse públicos), que sólo hasta junio fueron 13 y que en 2022 sumaron 34: en 21 de ellos el asesino era familiar de la víctima, 4 fueron precedidos por violaciones y los otros 9 cometidos por hombres del entorno de la víctima (vecinos, compañeros de piso, conocidos).
Otra cara de la violencia es la violencia sexual. Los delitos sexuales aumentaron en un 16,9% en el primer trimestre de 2023: más de 11 mujeres al día son agredidas con penetración. Y eso teniendo en cuenta que solo se denuncian el 11% de las violaciones, según la Macro-encuesta de Violencia contra la Mujer realizada en 2019. Según un estudio de la Fundación Anar, la violencia machista contra niñas y adolescentes ha crecido un 87% en cuatro años y se estima que 8 de cada 10 agresores sexuales a menores son familiares o del entorno cercano de las víctimas.
¿Qué esperar del nuevo gobierno?
Este 25N se celebra justo después de confirmar que vamos a tener una nueva edición del gobierno “más progresista de la historia”, enmarcado en un contexto de convulsión derechista ante los nuevos pactos de gobierno, hasta el punto de que la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado la tramitación de urgencia para acabar con la Ley Trans y de protección al colectivo LGBTI de Madrid. Un grave ataque al colectivo con una clara intención disciplinaria en la línea reaccionaria de la ideología católica.
Durante las Elecciones, el programa de Sumar (que estaba planteado únicamente para gobernar con el PSOE) proponía blindar el pacto de estado contra la violencia de género y designar una Vicepresidencia en el Gobierno de Feminismos y Economía de los Cuidados, así como mantener el Ministerio de Igualdad “para continuar la labor emprendida hasta la fecha”, de la cual dan crédito, echando a la anterior Ministra, Irene Montero.
La verdad es que de poco ha servido el Ministerio de Igualdad. En primer lugar, solo hay que echar un vistazo a las cifras. En segundo lugar, la Ley del Solo SÍ es SÍ, que fue una victoria de la lucha en las calles, fue modificada gracias al pacto PSOE-PP, con la permisividad de UP (también de Yolanda Díaz), que fue incapaz de exigir la depuración del sistema judicial de aquellos jueces machistas, que amparándose en su interpretación de la Ley, rebajaron con carácter retroactivo la condena de varios agresores. Según los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el 1 de septiembre, el 31,4% de las revisiones de sentencias se han saldado con una rebaja.
Además, las medidas más progresivas de la Ley como son la creación de centros de 24 horas para atender a las víctimas que deberían haber estado listos a finales de año, siguen sin ser una realidad porque muchas Comunidades Autónomas han pedido una prórroga de un año.
La prioridad de este nuevo gobierno es cumplir con el mandato de la UE de ajustarse al déficit del 3% y pagar la deuda pública a costa del gasto social, tal como se han comprometido ya Sánchez y Yolanda Díaz. Estos recortes implicarán la precarización aún mayor de los escasos recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, externalizados en su gran mayoría. Estos recortes, a pesar de las grandilocuentes promesas electorales, también supondrán una menor oferta de vivienda (35 de las 52 víctimas convivían con el agresor) y empleo público (21’6% de las trabajadoras tienen contrato parcial frente al 6’6% de los hombres); estos dos recursos son imprescindibles para huir de las garras del agresor, cuya mayor arma es la coacción económica.
No hay salida a la violencia de género sin recursos
La realidad es que el machismo crece, especialmente en la juventud, a la par que lo hace la precariedad. Si los “gobiernos más progresistas de la historia” nos imponen desprotección ante la violencia, solo podemos llegar a la conclusión de que la solución está en la organización de toda la clase obrera y la juventud con independencia de clase, para combatir el machismo en nuestras filas y exigir medidas reales.
Es necesario derogar las Reformas Laborales (2010, 2012, 2022) que precarizan el empleo y son responsables de que muchas mujeres trabajadoras se vean atrapadas con su agresor. También necesitamos hacer públicos al 100% todos los recursos de atención a las víctimas de violencia de género, incluyendo la Sanidad Pública que garantice además el aborto libre, gratuito y universal, para lo que tenemos que exigir, ahora más que nunca con Mónica García como Ministra de Sanidad, la derogación de la 15/97 por la que las empresas privadas han entrado a gestionar y dar servicio a los hospitales públicos.
La vivienda pública no puede ser un mero reclamo electoral: todas las mujeres de clase trabajadora tienen derecho al acceso a una vivienda sin tener que someterse a potenciales agresores. Para ello las promesas electorales del recién conformado gobierno, en materia de vivienda, son más que insuficientes.
Debemos arrancar de las garras de la Iglesia todas las escuelas e integrarlas en una red de escuelas públicas que garanticen educación sexual en todos los niveles educativos y en valores de igualdad. ¡Ni un euro más a la concertada! También debemos defender, ante los mandatos de género reaccionarios en los que nos intenta disciplinar la Iglesia, la autodeterminación para las personas trans, que incluya a les menores y las personas no binarias.
Tampoco podemos dejar de exigir la depuración del sistema judicial de jueces y juezas que hayan dictaminado cualquier tipo de sentencia machista. Ninguna Ley acabará con las sentencias machistas sin esta medida.
Para acabar con el aislamiento que produce la imposición a las mujeres de las tareas domésticas y de cuidado debemos crear escuelas infantiles, lavanderías y comedores públicos que liberen a las mujeres esa carga, junto a la derogación de la Ley de Extranjería, que mantiene a las trabajadoras del hogar en la esclavitud.
Todas estas medidas son de urgencia y no se pueden entender fuera de un contexto de lucha y autoorganización para avanzar hacia una sociedad que construya las bases materiales para acabar con toda opresión y explotación, una sociedad que para nosotras tiene nombre: socialismo.
Un 25-N de clase e internacional
Este año saldremos, como cada año, a exigir recursos para combatir la violencia machista y la precariedad, pero no podemos olvidarnos de las mujeres palestinas, que lejos de ser víctimas sometidas, están en la resistencia contra el Estado de Israel, el verdadero opresor; no nos olvidamos tampoco de las mujeres ucranianas, en la resistencia obrera contra la invasión de Putin, ni tampoco de las mujeres iraníes, kurdas, etc. En conclusión, en todo el mundo las mujeres están luchando contra toda forma de opresión y explotación, y es bajo la bandera del socialismo que tenemos que unificar todas esas luchas para acabar con el capitalismo, que es enemigo, no solo de les oprimides, sino de toda la humanidad.