Lejos de ver cómo superamos la violencia machista, cada 25 de noviembre nos enfrentamos a escalofriantes balances de cifras anuales de feminicidios, malos tratos y violencia sexual. Además, este 25N viene atravesado por una avalancha de denuncias anónimas en redes sociales de mujeres víctimas de violencia sexual, física y psicológica, que han decidido romper su silencio por esta vía, tras destaparse el caso Errejón también a mediante denuncias anónimas. Estas mujeres acuden a la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás para que ella publique sus relatos, ante la impotencia que genera en las mujeres el encubrimiento social de los agresores, desde el entorno familiar hasta comisarías y juzgados que revictimizan a las mujeres mientras dejan sueltos a empresarios pederastas como ocurrió recientemente en Murcia.

Por: Corriente Roja

Con lo que respecta a feminicidios, cada año asistimos a la continuación del terrorismo machista: este 2024 han sido 82 mujeres y niñas asesinadas, 43 de ellas por sus parejas o ex-parejas, la última tan recientemente como el 8 de este mismo mes, Estela, de 36 años, cuyo asesino tenía una orden de alejamiento y estaba registrada en el programa VioGén de protección a víctimas de violencia de género a cargo del Ministerio de Interior. Estos casos demuestran que es el acompañamiento psico-social de la víctima, y no un registro policial, el que puede llevar a cabo la identificación cotidiana de riesgos y la puesta a disposición de los recursos necesarios de prevenir más agresiones.
Contrario a la opinión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que sitúa la culpa de este problema social en las propias víctimas quienes, según ella, no denunciarían lo suficiente, las trabajadoras de la Red Contra la Violencia de Género de Madrid, con su lucha por más inversión en recursos, y en última instancia, la remunicipalización del servicio (por lo que este 25N van a la huelga) están señalando la medida más urgente que los gobiernos deben tomar si quieren atajar el continuo derramamiento de sangre.

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Como nos contaban este 8M en una entrevista que hicimos a las trabajadoras de la Red desde Corriente Roja: “El impacto de la precariedad en la Red de Violencia de Género impacta [a las víctimas] de manera directa. (…) Las mujeres que contactan por primera vez con la Red de Violencia de Género, solicitando ayuda para salir de la situación de violencia, si no se encuentran en una situación de emergencia, tienen que esperar dos meses para ser atendidas por primera vez por una profesional.

Durante esos dos meses continúan expuestas a la violencia ejercida por sus parejas o exparejas, con los daños psicosociales y el riesgo para la integridad física que eso supone, tanto para ellas como para sus hijos e hijas. Con estos plazos, es imposible abordar estos casos desde la prevención y trabajar una salida segura para estas mujeres. Muchas de estas mujeres acaban siendo atendidas en la emergencia, porque en el plazo de esos dos meses acaban sufriendo agresiones o situaciones de riesgo, que probablemente se podrían haber evitado si se las hubiera atendido en el momento en el que pidieron ayuda.”

La precariedad asola a este tipo de servicios en todo el Estado, ya que incluso cuando las administraciones crean nuevos recursos los conciben privatizados, como los centros 24 horas situados en cinco hospitales públicos en Galicia. Como denuncian las trabajadoras de la Red de Madrid, no solo hablamos de que en los recursos externalizados lo que prima siempre es el beneficio empresarial sobre el propio servicio que se ofrece, sino que las propias administraciones públicas publican pliegos con presupuestos tan bajos que ni si quiera las empresas los ven rentables. Tal ha sido el caso de los pliegos publicados recientemente por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, por los que ninguna empresa ha pujado.

Rodear de solidaridad la huelga de las trabajadoras de Madrid

La lucha de la Red de Trabajadoras contra la Violencia de Género de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo de que la lucha contra la violencia machista está ligada al interés general de la clase trabajadora. El Pacto de Estado contra la violencia machista no puede estar supeditado al interés económico de las empresas ni a una falta de inversión pública.

Rodear de solidaridad a las trabajadoras en huelga significa también luchar contra las jornadas parciales y los salarios de miseria que no solo les han impuesto a ellas, sino a todo el mercado de trabajo, especialmente en los sectores feminizados. La precariedad salarial es a su vez un factor que ata en muchas ocasiones a las víctimas de violencia de género a sus maltratadores.

Vemos cómo esta huelga encarna dos luchas que conciernen a toda la clase trabajadora: contra la privatización de los servicios públicos y la flexibilización del mercado de trabajo. Acabar con la violencia machista es una tarea de la clase trabajadora contra los gobiernos patronales, que también limitan el acceso a la vivienda en favor de la especulación inmobiliaria. Sobre esta cuestión también tienen algo que decir las trabajadoras de la Red:

“Cuando las mujeres acceden a un Centro de Emergencia de la Red de Alojamientos de Protección del Ayuntamiento de Madrid, la situación no mejora ya que, dados los cortos periodos de estancia (máximo dos meses), no es posible realizar una salida autónoma con estas mujeres, lo que les deja en una situación de precariedad y vulnerabilidad social que no les permiten recuperarse y reconstruir su vida tras la violencia sufrida. Se dan casos en los que, tras haber finalizado la estancia en los Centros de Emergencia, las mujeres vuelven con su agresor, no por dependencia emocional, si no por no disponer de otras alternativas socioeconómicas.”

Debemos llevar las reivindicaciones de esta huelga también al movimiento de vivienda, que ha resurgido con fuerza estos últimos meses. Es urgente que las administraciones ofrezcan alquiler social a las víctimas de violencia machista para que puedan ser atendidas desde la autonomía habitacional. Debemos exigir vivienda pública, digna y universal a unos gobiernos que hoy legislan para la patronal inmobiliaria.
Como estamos viendo a través de la catástrofe de la DANA en Valencia, a las empresas y los gobiernos a su servicio no les importan las vidas de la clase trabajadora, y mucho menos las de las mujeres de nuestra clase, pues el machismo es también un factor de división entre trabajadoras y trabajadores y a la clase dominante le interesa perpetuarlo. La lucha contra la violencia machista para ser efectiva e ir hasta el final, es inseparable de la lucha contra este sistema capitalista en crisis, que es necesario derribar.

Ante sus beneficios, nuestros derechos:

  • ¡Todo el apoyo a las trabajadoras de la Red contra la Violencia de Género de Madrid!
  • Por más recursos públicos contra la violencia machista ¡Remunicipalización!
  • Contra las jornadas parciales y los sueldos de miseria ¡Derogación de las reformas laborales!
  • ¡Educación sexual en valores de igualdad! ¡Basta de financiar la educación concertada una parte de la cual, sigue en manos de la iglesia!
  • ¡Por una vivienda pública, digna y universal! Contra los malos tratos en nuestro propio techo.