El 11 de septiembre de este año se celebrará en una situación excepcional, condicionada por la crisis sanitaria de la Covid-19 y los rebrotes, y por la grave crisis económica, que ya se venía gestando, pero que la pandemia ha acelerado.
Además, la Diada de Cataluña se celebrará a solo seis días de la vista de Torra para abordar su inhabilitación por no haber descolgado la pancarta “libertad presos políticos”. Un grave ataque a la libertad de expresión y los derechos democráticos que se suma a la cruzada represiva de la justicia española, que continúa desplegando su venganza por el referéndum del 1 de octubre, con la pasividad cómplice del Gobierno PSOE-UP.
La destitución de Torra abre diversos escenarios, aunque los enfrentamientos de JxC y ERC- a los que las encuestas otorgan la victoria sobre JxC en las próximas elecciones- por disputar la hegemonía independentista hacen muy difícil ver a Aragonés como presidente o, incluso, la vía Venturòs que propone la CUP. De la misma forma, la crisis entre JxC y el PDCAT ha llevado a Torra a renovar las consejerías de Interior, Cultura y Empresa, destituyendo a Buch, Vilallonga i Chacón (vaciar el gobierno de gente de PDCAT). En este contexto, la convocatoria anticipada de elecciones se sale del calendario, aunque ERC sigue presionado ya que necesita ganar las elecciones y formar Govern para poder negociar los presupuestos de Sánchez desde una mejor posición. Estas negociaciones serán similares a las del acuerdo de investidura: la sumisión de ERC a las instituciones estatales y a las exigencias de Sánchez con la excusa del mal menor de C’s.
Tanto ERC como JxC piden convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo, congelada desde febrero por la irrupción de la pandemia, Sánchez ha dicho estar dispuesto a reunirse en septiembre “cuando el gobierno de Cataluña quiera”. Pero este acercamiento sólo tiene sentido para complacer a ERC y poder negociar los presupuestos con ellos y el PNV- sus socios de Gobierno- y no con C’s.
Aunque Torra condicione su apoyo a los presupuestos, a incluir la autodeterminación y la libertad de los presos en el orden del día de la mesa de diálogo, y Esquerra se queje de que los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno de coalición no se han cumplido, la realidad es que la mesa de diálogo responde al pacto de investidura entre PSOE-UP y ERC. Un acuerdo vendido como una victoria pero que en realidad acata “los principios de lealtad institucional y bilateralidad”, y sega, así, la renuncia expresa a la unilateralidad. Puigdemont, incluso con su pose de confrontación al Estado, no quiere nada muy diferente a ERC. A la hora de la verdad, apela a los organismos internacionales que sabe que no intervendrán y pide sentarse y dialogar, todo en el marco institucional.
El gobierno de Sánchez es un firme defensor de la “indisoluble unidad de la nación española” que proclama el artículo segundo de la Constitución, y de aplicar la “fuerza de la ley” cuando ésta se viola. Es por esto por lo que, con la justificación de la pandemia, impuso una recentralización de todas las competencias durante el Estado de Alarma- aplicando una versión light del 155- y hace la vista gorda ante la inminente inhabilitación de Torra.
Además, tanto a PSOE-UP como a ERC y JxC les interesa aprobar los presupuestos, ya que son la condición para poder recibir la “ayuda” de los fondos europeos y, así, poder negociar un mejor encaje para Catalunya.
A un mes de la fuga del Rey Emérito Juan Carlos I por los escandalosos casos de corrupción, el Gobierno de coalición y el resto de las fuerzas del régimen desesperan por salvar la figura de Felipe VI. Pero es imposible desligar los negocios sucios de Juan Carlos, de la institución monárquica y de la impunidad consagrada por la Constitución de 1978. La misma Constitución que ahoga el derecho a decidir de Cataluña, reprime a los que organizan y votan en un referéndum, y aprisiona a los líderes sociales.
La situación actual está llena de incertidumbre. Por la inestabilidad política y las continuas peleas y crisis del independentismo institucional, por las negociaciones del Gobierno de coalición para aprobar los presupuestos y por los rebrotes del coronavirus. El gobierno que se forme en las próximas elecciones, que no tardarán muchos meses en convocarse, será el que deba gestionar la situación de emergencia sanitaria y la peor crisis económica desde hace 80 años.
Lo que sí sabemos es que no podemos dejarnos engañar por falsos diálogos, por mucha retórica que los acompañen, que nos llevan a un callejón sin salida una y otra vez. Para ganar la autodeterminación de Cataluña, la amnistía de los presos y poner fin a la represión; es necesario acabar con la monarquía corrupta, que devuelvan todo el dinero robado y, sobre la base del derecho a decidir y de una unión libre de repúblicas, cambiar las reglas del juego, convocando elecciones a cortes constituyentes libres de vínculos con la Constitución de 1978.
No hay mejor momento que ahora, con la institución monárquica totalmente desnuda y cuestionada, empujar para abrir cada vez más la brecha hasta tumbar la monarquía.
Esa tarea solo es posible con la lucha común de la clase trabajadora y del resto de pueblos de todo el Estado.