Las trabajadoras llegamos a este nuevo «circo electoral», hartas de leyes que no cumplen, de pactos «de postureo», de migajas y medidas que no alcanzan. De un sistema judicial machista que nos revictimiza, no nos cree y sigue sin comprender que: ¡“no es no y lo demás es violación”!
Conscientes de la importancia del voto femenino, los cabezas de lista de las principales formaciones políticas (todos ellos hombres) no dudarán en usar las cifras de la desigualdad salarial o la escandalosa violencia machista como arma arrojadiza en sus debates electorales.
Pero ninguno presenta un programa acorde con las necesidades que tenemos las trabajadoras y que desde Corriente Roja volvimos a defender en las calles el pasado 8M. Y todos ellos por enésima vez, pondrán la defensa de este régimen y de los compromisos económicos adquiridos con una UE al servicio de banqueros y capitalistas, por encima de nuestra vida y nuestros derechos.
El gobierno de Sánchez fue suficiente demostración de que lo que define un gobierno «feminista» no es si tiene más o menos mujeres en él, sino para quién gobierna y los intereses que defiende.
Tener un gobierno en funciones no les impidió pagar religiosamente la deuda, cumplir con el ajuste al déficit o seguir preparando el desmontaje del sistema público de pensiones. Pero no hubo tiempo ni dinero para el insuficiente Pacto de Estado contra la violencia machista del que dos años después sólo pusieron en marcha al 25%. Mientras, a las mujeres nos siguen violando y asesinando. Tampoco para el Real Decreto-Ley de Igualdad Laboral aprobado en marzo, que a día de hoy, no tiene iniciado ni el Reglamento.
Las elecciones no cambiarán nuestras vidas
En esta sociedad capitalista y con unas instituciones machistas herederas del franquismo, la igualdad en la ley no se traduce en igualdad ante la ley y ni mucho menos en igualdad en la vida real.
Algunas no votaremos, en rechazo a tanta promesa incumplida. Otras lo haremos, así sea «con la nariz tapada», por miedo o repudio a una derecha que minimiza la violencia machista, nos culpabiliza de poner en riesgo las pensiones por abortar o que defiende la mercantilización de las mujeres en el negocio de los vientres de alquiler y el de la prostitución, desde posiciones «liberales».
Pero votemos lo que votemos, este 10 N NO cambiará nuestras vidas. No nos queda otra que seguir a pie de tajo y ponernos a la cabeza de las movilizaciones previstas en las próximas semanas: como la del 16O por pensiones dignas, denunciando la brecha de género, o el que miles no tengamos pensión, o si acaso una mísera pensión de viudedad después de toda una vida de cuidados. O la convocatoria descentralizada del próximo 26 O por unos servicios públicos y de calidad, que acaben con nuestra doble jornada laboral y la precariedad y temporalidad abusiva de quienes trabajamos en ellos; en su mayoría mujeres.
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Ley urgente y obligatoria de igualdad salarial en empresas y Administración.
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Permisos de maternidad y paternidad iguales YA y pagados al 100%
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Apoyo a las trabajadoras durante el embarazo, lactancia y primeros años de crianza.
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Prestación de desempleo para trabajadoras domésticas en el régimen general y combate al empleo sumergido.
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Pensiones mínimas de 1.084 euros para tod@s en base a los PGE.
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Recursos para mujeres agredidas: centros de información y acogida, asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita. Garantía de empleo y/o subsidio. Derecho por ley a cambio de puestos de trabajo y horarios.
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Difusión de una cultura contra la violencia hacia mujeres y sectores oprimidos.
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Depuración del sistema judicial e inhabilitación de jueces y juezas machistas.
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Lucha eficaz contra la trata y explotación sexual.
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Educación pública y gratuita desde 0 años. Guarderías en empresas de forma transitoria.
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Construcción y habilitación de centros de día y residencias públicas para atención de mayores y dependientes.
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Remunicipalización y ampliación de plantillas para servicios de ayuda a domicilio.
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Fuera religión de las aulas. Educación sexual y en igualdad en la pública, como asignatura curricular.
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Aborto libre, público y gratuito para todas y servicios de planificación familiar.
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Derogación de la Ley de Extranjería. Cierre de los CIEs.