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Martes, 31 Julio 2012 23:21

Dependencia en Andalucía: Más recortes

Written by  CR Sevilla

El nuevo paquetazo de medidas de Rajoy no ha hecho más que potenciar la difícil situación por la que atraviesa la atención a la dependencia en Andalucía, servicio básico que ya sufre, desde hace meses, los efectos derivados de la prioridad parlamentaria de pagar la deuda de banqueros. Pero no sólo el PP, desde el Gobierno Central, está vulnerando el derecho a atender dignamente a las personas con algún grado de dependencia mediante la imposición de sus nuevas medidas de ajuste, también la coalición PSOE-IU, desde el Gobierno Andaluz, está aplicando medidas regresivas al respecto. Opciones políticas aparentemente distintas confluyen en Andalucía para llevar a cabo ajustes, recortes y reformas que suponen un grave ataque a la clase trabajadora, y en concreto a la atención de sus dependientes.

AUSTERIDAD PARA DEPENDIENTES

 

Muchas son las consecuencias devastadoras que la crisis capitalista está ocasionando a la clase trabajadora al intentar cargar sobre sus hombros el peso del pago de una deuda financiera que nada tiene que ver con sus intereses. Las personas dependientes, sus cuidadoras y el conjunto de trabajadoras pertenecientes al sector están llegando a una insostenible situación que no puede alargarse más en el tiempo. Dentro del conjunto de medidas adoptadas, a continuación detallamos de forma resumida aquéllas que afectan directamente a la atención a la Dependencia:
Centros de Atención a Dependientes

Las trabajadoras de los centros concertados con la Junta de Andalucía para la asistencia a la dependencia (residencias geriátricas, centros de día para mayores, centros de atención a discapacitad@s,...) llevan varios meses sin cobrar sus nóminas. Esta situación es consecuencia de los impagos, desde hace meses, de conciertos para fines asistenciales por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que no sólo está conduciendo a las trabajadoras del sector a la desesperación, sino que está ya ocasionando deficiencias en la calidad asistencial y una reducción de número de plazas concertadas por centro, a pesar de la gran demanda existente para la prestación de estos servicios.
Cuidadoras

Con el nuevo paquete de medidas del Gobierno PP, a partir del 1 de agosto las cuidadoras de dependientes verán reducidas en un 15% sus prestaciones económicas y eliminadas sus cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone un grave asalto a los derechos alcanzados para estas trabajadoras.
Ayudas a l@s dependientes
Desde el pasado mes de marzo, el Estado ha recortado en 89 millones de euros la financiación para la dependencia en Andalucía. De esta forma, las ayudas destinadas a las personas dependientes se verán drásticamente reducidas, afectando a todos los grados (desde la dependencia más leve a la más severa). Por si fuera poco, el baremo por el que se rige la clasificación de dependientes se está endureciendo, de forma que la obtención de un determinado grado de dependencia resulta más complicada, no sólo porque la espera a tal concesión supera con creces el año, sino porque se están elevando drásticamente los requisitos por los que una persona pasa a ser considerada como dependiente.
Medicamentos
La necesidad de tratamientos farmacológicos para los y las dependientes es superior a la media. Por tanto, la  reciente aprobación y puesta en marcha del copago de medicamentos, junto a las medidas anteriormente citadas, provocan en este sector un empobrecimiento derivado de los costes cada vez más elevados necesarios para intentar mantener una adecuada calidad de vida.

PPSOE

 

Muchas son las acusaciones que se intercambian el PSOE y el PP andaluz en lo que refiere a la gestión de la dependencia. Desde el Gobierno Andaluz se critican las medidas aprobadas desde Madrid por considerar que vulneran el derecho a la atención domiciliaria y familiar. En palabras de la consejera de Salud y Bienestar social, María Jesús Montero, “El Gobierno Central mostró que prima la institucionalización de las personas dependientes en centros frente a la atención en el entorno familiar y que en ningún momento ha tenido en cuenta aspectos como la ruralidad o el hecho de que las familias son soporte para las personas dependientes y que éstos, al menos en Andalucía, prefieren permanecer en el entorno domiciliario a ser internados en una residencia”.
Por otro lado, la parlamentaria del PP por Sevilla Patricia del Pozo y la diputada provincial María del Carmen Rodríguez Hornillo defendieron la gestión privada de los servicios de atención a la dependencia, criticando el impago de la Junta a estas empresas: "La Junta tiene en manos privadas, mediante concierto, prácticamente todos sus servicios de atención social y adeuda en el conjunto de Andalucía 150 millones de euros a los colectivos que gestionan estos centros (…) Si la Junta no paga, el servicio se paraliza".
Unos y otros quieren mostrarse como los defensores a ultranza de la atención a la dependencia, enfocando la atención en qué servicios se han de eliminar y cuáles subsistir, pero unos y otros no hacen más que aplicar ajustes en nombre de la austeridad y en detrimento de la calidad en cuidados básicos necesarios para el día a día de las personas dependientes de la clase trabajadora.

IU

 

La posición tomada por IU en Andalucía se coloca lejos de las promesas electoralistas lanzadas en lo que se refiere a la atención a la dependencia, cuando decían: “Garantizaremos los derechos de las personas mayores, así como los de las personas con todo tipo de discapacidades. Prestaremos especial atención a cualquier sujeto con dependencia aumentando el radio de acción de las ayudas e incrementando las mismas”.
Ante los últimos acontecimientos, IU ha dejado de lado sus reivindicaciones, limitándose a declarar el pasado mes de junio, vía resolución de su comisión ejecutiva, que no es responsable del plan de ajuste financiero correspondiente a los presupuestos de 2012. Sin embargo, poco se les ve enfrentarse a sus socios de Gobierno en Andalucía para denunciar el no pago de los servicios concertados a dependientes, que conlleva una gran disminución en calidad asistencial y el impago de las últimas nóminas a las trabajadoras del sector.

Por unos servicios a la Dependencia públicos, universales, gratuitos y de calidad

Por todo lo anteriormente citado, exigimos que los fondos dedicados a pagar la deuda de los banqueros se destinen a la Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
Reclamamos el inmediato pago de las nóminas a las trabajadoras del sector de la dependencia y la no reducción de prestaciones a las cuidadoras, que no deben perder el derecho a su cotización a la Seguridad Social.
Defendemos una prestación 100% pública de los servicios a la Dependencia, en la que se incluye no sólo una atención de calidad, sino la gratuidad asistencial y de administración de los medicamentos.
Sólo desde un gobierno de y para la clase trabajadora estas premisas son posibles, pues a la vista está que para Rajoy, Griñán y Valderas lo que prima no son medidas para rescatar al pueblo, sino el pago de la deuda financiera a costa de machacar a la clase trabajadora.